sábado, 28 de enero de 2012

Se dotará al Instituto Nacional de Geriatría de personalidad jurídica y patrimonio propio

Amigos:

En la sesión del 8 de noviembre, aprobamos un dictamen para considerar al Instituto Nacional de Geriatría como instituto nacional de salud, y así darle los medios para incrementar la infraestructura y personal médico especializados en enfermedades de la vejez.

Por 365 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones se acordó modificar los artículos 5 y 7 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para que sea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud.

En el documento se menciona que en México desde el siglo XX se han venido originando grandes cambios demográficos; entre éstos el inicio del proceso de envejecimiento que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.

México es un país de jóvenes, donde 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; no obstante, “es necesario analizar las condiciones de vida y brindar atención a los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir”, se abunda.

Al fundamentarse el dictamen, se destacó que la trasformación del Instituto Nacional de Geriatría, está avalado por las estadísticas que arrojan la prioridad a la salud de los adultos mayores, ya que en 30 años la pirámide de edad se invertirá y será un mayor número de personas adultas en relación a niños o jóvenes.

Se puntualizó que estos cambios demográficos se consideran el mayor desafío al que se enfrenta el actual gobierno, pues traerán enfermedades que provocarán crecientes costos de los servicios de salud.

Mi compañera, la diputada Oralia López Hernández destacó que uno de los sectores de la población que ha crecido rápidamente desde la década pasada es la de los adultos mayores. Dicha dinámica ha traído consecuencias económicas, sociales, culturales, y ha implicado una serie de responsabilidades y compromisos para el gobierno, las instituciones y la sociedad.

Fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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