Avalamos que vehículos blindados tengan un número de identificación para evitar su uso con fines delictivos

Amigos:

A fin de que las empresas dedicadas al blindaje de vehículos tengan la obligación de asignar a éstos un número de identificación para contar de una base de datos que permita evitar su uso con fines delictivos, en la sesión ordinaria del pasado 24 de noviembre, avalamos reformar el artículo 13 de la Ley del Registro Público Vehicular.

El dictamen refiere que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), el 80 por ciento de los autos blindados es comprado para protegerse de la delincuencia, mientras que 20 por ciento de este mercado es adquirido por las autoridades gubernamentales para protegerse de potenciales atentados de la delincuencia organizada.

Precisa que AMBA cubre 60 por ciento del mercado, pero al menos otras 70 empresas operan en México, 20 por ciento de ellas en forma irregular, nutriendo de unidades a un sector que se pierde del control de la autoridad.

Ante ello, resalta la necesidad de contar con un registro nacional de autos blindados a fin de cumplir con requisitos para comprarlos. Considera clave crear y actualizar una base de datos sobre los vehículos blindados que existen en el país, con la intención de evitar el anonimato en la utilización de los mismos y su uso con fines delictivos.

Mi compañero, el diputado Sergio González Hernández dijo que a raíz del aumento del clima de inseguridad, uno de los sectores más recurridos es el blindaje de vehículos, ya que permite contar con un porcentaje más alto de seguridad.

Sin embargo, añadió, este sector también ha sido recurrido por los autores de las conductas delictivas que dañan a la sociedad, ya que utilizan vehículos blindados para perpetrar robos, secuestros o darse a la fuga.

Consideró que con la reforma se podrá contar con una base de datos en la cual, además de tener una plena certeza sobre la propiedad del automóvil, contribuirá a evitar la impunidad de actos cometidos por la delincuencia.

La reforma fue enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.