Quiero informarles que en la sesión ordinaria del pasado 24 de noviembre, aprobamos la expedición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, para mejorar los trámites y servicios públicos entre instituciones y ciudadanos, y consecuentemente, inhibir la práctica de actos de corrupción.
En el dictamen a la minuta se busca asimismo reducir la discrecionalidad, incrementar la transparencia y hacer eficiente la gestión gubernamental, pues habrá un ahorro en materia de recursos humanos y financieros.
Se subraya que con la creación de la ley se tendrá un marco jurídico que regule la Firma Electrónica Avanzada, utilizada por los servidores públicos y particulares en los trámites, servicios y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República.
Al fundamentarse el dictamen en tribuna se destacó que la minuta permite contrarrestar problemas de lentitud y burocracia, ya que facilita la comunicación entre servidores públicos, así como la interacción entre el gobierno y la ciudadanía, al evitar traslados donde se encuentran las instituciones públicas.
Se mencionó que su expedición será trascendental en el avance de la simplificación administrativa y elevará el nivel de competitividad del país, pues sus disposiciones fomentarán la agilidad, seguridad, certeza jurídica y reducirán costos, tanto para la Administración Pública como para los particulares. Asimismo, se faculta al Ejecutivo a suscribir convenios de coordinación con el Poder Legislativo y el Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos municipales y las entidades federativas, para que puedan interactuar entre ellos utilizando certificados digitales.
Aprobado en lo general y particular el decreto que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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