martes, 15 de marzo de 2011

Reforma a la Ley de Derechos Humanos, ¿y las obligaciones humanas?

“los derechos de un individuo terminan donde comienzan los de los demás”

En la cámara de los Diputados se aprobó en diciembre del año pasado diversas modificaciones a la Ley de los Derechos Humanos y hace solo unos días en el Senado de la Republica se hizo lo propio sobre la minuta remitida para su actuación como cámara colegisladora.

Se aprobó la reforma para elevar a Rango Constitucional los Derechos Humanos. Se propone con estas modificaciones que en la Carta Magna ya no solo se consideren Garantías, sino constitucionalmente, los Derechos fundamentales de las personas.
Sin lugar a dudas esta reforma es la más importante en 25 años en la materia.

En alcance a esta reforma constitucional, se estará dotando a la CNDH y a las Comisiones Estatales de mayores facultades para que ante violaciones a los Derechos Humanos las Recomendaciones que emitan a las autoridades infractoras no queden como simples llamados al vacío, o prédicas en el desierto.
Lo cierto es que el tema continuará siendo parte de un debate más profundo. Porque si bien es incontrovertible que existen derecho universales inherentes a todos los seres humanos, sin distingos de nacionalidad, religión, sexo, credo político, condición socioeconómica, raza o cualquier otra condición, también lo es que todo derecho trae implícito el cumplimiento de obligaciones.
El estado de derecho, el marco legal, el contexto normativo, la Constitución, las leyes secundarias, los reglamentos, proveen a un Estado como el mexicano el Código más amplio y esencial que debe de observar y guardar todo individuo para garantizar la convivencia social.
Es verdad que hasta el peor de los delincuentes tiene derechos que deben ser respetados, esto es incontrovertible.
Sin embargo, el desafío es entonces armonizar los derechos individuales con los de la comunidad.
Todo derecho, implícitamente conlleva el cumplimiento de obligaciones.
La sociedad demanda si el respeto a los derechos humanos, pero que siempre prevalezcan los derechos de los más.
El equilibrio entre la garantía ahora constitucional, de los derechos de toda persona con los derechos de la sociedad, gravita en torno a la observancia irrestricta de nuestro marco legal y al que debería de ser un incuestionable sistema de impartición de justicia.
Lamentablemente y debemos partir de reconocerlo, en México el sistema judicial vive hoy día una crisis de credibilidad, que hace de la impunidad el lastre mayor para constituirnos en un verdadero estado de derecho.
La impunidad lastima más que la propia inseguridad. La impunidad socaba los cimientos de una sociedad que exige vivir en un país de leyes y de derechos.
La impunidad degrada y merma la confianza en las instituciones.
Es tiempo de una reforma de gran calado del sistema de impartición de justicia en nuestro país.

Celebremos que México se coloca a la vanguardia en materia de derechos humanos, por lo menos en la letra, pero más lo haremos cuando las obligaciones de los individuos a la par de sus derechos, sean exigidos con la misma intensidad para garantizar la convivencia pacífica y armónica que salvaguarde los derechos de la sociedad.

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