Amigos:Para que los menores de 18 años y mayores de 16 años que se incorporen de manera voluntaria al Ejército no puedan participar en conflictos armados, hostilidades u operaciones de seguridad interior, en la sesión del 14 de febrero, aprobamos reformas a la Ley del Servicio Militar Nacional.
El dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, aprobado con 284 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones, plantea agregar los párrafos tercero y cuarto a la fracción II del artículo 24 de dicha Ley para la protección de adolescentes respecto a la posibilidad de que puedan incorporarse al activo del Ejército de manera anticipada.
De esta forma, los jóvenes no participarán en operaciones que pongan en peligro su vida, integridad corporal o sano desarrollo, físico y mental. La Secretaría de la Defensa Nacional implementará las medidas necesarias para ello, sin limitar su formación en las áreas y temas de las armas y disciplina militar, así como de planes de atención a la población civil en caso de desastres naturales.
Mi compañera, la diputada Elsa María Martínez Peña de Nueva Alianza señaló la importancia de esta precisión, ya que actualmente no hay una disposición que prohíba y frene la decisión de canalizar a dichos adolescentes a la participación en conflictos armados.
“Estamos viviendo en México un periodo de violencia originada por el combate frontal contra la delincuencia organizada. En esta lucha, las Fuerzas Armadas tienen participación determinante y seguirán combatiendo a los cárteles mientras no se avance en la depuración, capacitación y coordinación de las policías”.
En tanto, mi compañero, el diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez subrayó que no tenemos una tradición bélica, pero actualmente las condiciones sociales han sufrido una transformación, “no necesariamente se trata de una amenaza proveniente del exterior, sino de situaciones internas de seguridad ocasionadas por el crimen organizado y derivado de la incapacidad de autoridades locales para afrontarlas”.
Señaló que se debe afianzar el marco jurídico para proteger derechos de los adolescentes y privilegiar su desarrollo integral, así como cumplir los compromisos internacionales en la materia.
Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado para los efectos constitucionales.
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