viernes, 11 de marzo de 2011

Avalamos que recursos para ciencia y tecnología no sean menores al uno por ciento del PIB



Amigos:

En la sesión del pasado 8 de marzo aprobamos adicionar un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de que los recursos para el sector no sean inferiores al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En el documento se precisa que con la reforma quedará establecida como obligación de esta Cámara “realizar una revisión del PEF del año correspondiente, a fin de realizar las previsiones presupuestales para que el monto destinado a ciencia y tecnología no sea inferior a uno por ciento anual”.

Con esta reforma se hará el compromiso de una acción con resultados palpables para México. El esfuerzo presupuestal que se emprenda el día de hoy, al apostar por más y mejor ciencia y por mayores avances tecnológicos, significa una inversión de largo plazo con rendimiento creciente garantizado, agregó.

Refiere que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el último sitio en inversión para la investigación y desarrollo.

Además, de que nuestro país ha perdido competitividad en actividades basadas en el conocimiento, pues posee el nivel más bajo de sus miembros integrantes en diversos aspectos, como la producción científica, la formación de recursos humanos en ciencia, la inversión en ciencia y tecnología, en educación de la ciencia, e incluso hasta en solicitudes de patentes.

Resalta que en México sólo se invierte 0.3 y 0.4 por ciento en innovación en las empresas, cuando debería estar en cuatro por ciento del Producto Interno Bruto como los hacen en China, India, Taiwán, Singapur y Corea, que apenas hace diez años se encontraban en un gran atraso económico y por debajo del nivel de nuestro país.

Mientras que la Unesco, la OCDE y el Banco Mundial sugieren invertir entre 1 y 1.5 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación para impulsar el crecimiento económico de naciones en desarrollo, es muy evidente que los recursos destinados no atienden los preceptos de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

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